A fin de coadyuvar al fomento del desarrollo económico del país, evitar la explotación de los tallanderos de lechuguilla y regular su precio en el mercado, Diconsa avaló la suscripción del convenio entre el Consejo Comunitario de Abasto de Tula y los campesinos de la región semidesértica de Tamaulipas para la comercialización de la fibra de ixtle en 47 tiendas comunitarias.
Habitantes del altiplano tamaulipeco conformado por los municipios de Tula, Bustamante, Palmillas, Miquihuana y Jaumave se dedican al tallado de esta planta silvestre como su modus vivendi, pues con su venta se allegan de recursos económicos para cubrir parte de sus necesidades más elementales.
“Contribuimos al desarrollo económico y social de las comunidades rurales y zonas populares urbanas con estrategias que permitan comercializar los consumos necesarios para la alimentación, salud y bienestar general de los sectores de la población económicamente débiles, a fin de lograr que estos incrementen su poder de compra”, afirmó el encargado de la gerencia en Tamaulipas, José Cruz.
El funcionario añadió que, además de apoyar a los pequeños productores de ixtle, se satisface la demanda de consumo de nacional e internacional, al ser utilizado, por ejemplo, para el forro de asientos para aviones o lavado de motores de aeronaves. También es utilizado para la elaboración de morrales, tendederos, cepillos, escobetillas, hamacas y estropajos, o bien, para el diseño de manteles, toallas, servilletas, bolsas de mano, sombreros, prendas de vestir y cintos.
El convenio, con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, establece que cada tres meses se revisará el precio de este producto a fin de garantizar su acopio y que los campesinos no se vean afectados por una variación en su costo.
El ixtle acopiado por Diconsa será vendido a una empresa ixtlera del municipio Santa Catarina, Nuevo León, por lo que la distribuidora actuará como intermediario para regular su precio y evitar perjuicios contra el campesinado tamaulipeco.
Cabe destacar que los permisos para la explotación, transportación, almacenamiento y comercialización de la fibra de lechuguilla, recurso no maderable, son tramitados por las comunidades de tallanderos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional Forestal (Conafort), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa).