La Diputada Federal Arlette Muñoz Cervantes propuso que el Congreso de la Unión tenga participación en la construcción del salario mínimo, toda vez que en los últimos años ha prevalecido una política de moderación salarial que ha impedido fortalecer el ingreso de los trabajadores mexicanos.
Precisó que a través de esta iniciativa de ley, se facultaría a las Cámaras Federales del Congreso, tanto de Diputados como de Senadores, para presentar solicitudes de revisión y propuestas de incrementos ante la Secretaría del Trabajo y ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).
La legisladora federal por Acción Nacional recordó que el incremento de siete pesos que entró en vigor en enero de este año, en nada contribuye a fortalecer la economía de las familias mexicanas, ni a promover su bienestar, dado que incluso resulta imposible que un trabajador asalariado acceda al total de los productos de la canasta básica, que de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor de este año, oscila entre los $2,900 y $3,139 pesos.
En este sentido, la Diputada por Aguascalientes aseveró que urge una política de recuperación salarial en el país y en ello existen diversas voces coincidentes, dado que en los últimos 30 años el salario mínimo ha perdido 80% de su capacidad adquisitiva.
Ello ha perpetuado un ciclo de desigualdad, precisó, que ha llevado a más del cincuenta por ciento de los mexicanos a vivir en condiciones por debajo de la Línea de Bienestar.
Muñoz Cervantes señaló por lo anterior, que con esta iniciativa se busca dotar al Congreso de la facultad constitucional de solicitar revisiones y plantear incrementos al salario mínimo, para así atender una situación que afecta a 7.8 millones de trabajadores mexicanos que hoy ganan $80.04 pesos por concepto de salario mínimo.
“De 2012 a 2016, el salario mínimo registró un incremento máximo de 4.2% anual y fue hasta 2017 que su incremento fue superior a este porcentaje. Sin embargo, para los trabajadores mexicanos sigue siendo insuficiente dado que el costo de los productos y servicios básicos se ha incrementado notablemente”, expresó.
“La pérdida del poder adquisitivo es un problema que no ha sido atendido por la Conasami, por ello buscamos que el Congreso, en su carácter de órgano democrático de representación, tenga peso en un tema que afecta a millones de trabajadores”, añadió.