Las propuestas de recortes drásticos o totales a los fondos públicos de los partidos políticos de México para destinarlos a la reconstrucción por terremotos y huracanes “es demagogia”, dijo el director del Centro de Estrategia e Innovación Política Simetría, Oscar Arredondo.
“Esas propuestas se derivan de una crisis institucional muy grande de los partidos políticos, deslegitimados y con el respaldo en la sociedad agotado, que responden con la politiquería y la demagogia”, dijo el experto en temas de combate a la corrupción.
Los huracanes y dos terremotos que en septiembre dejaron casi medio millar de personas muertas, “mostraron el desprestigio de los partidos políticos, por las evidencias de su corrupción y por la desconexión entre gobernados y gobernantes”, dijo el investigador en políticas públicas de transparencia.
El experto que participó del grupo de especialistas de organizaciones ciudadanas consultadas en el Congreso federal para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, señaló que ante las contingencias recientes, al igual que sucedió en el terremoto de 1985 que devastó la Ciudad de México y mató a unas 20,000 personas, “las instituciones mostraron torpeza e insensibilidad”, comentó el experto.
Tal como en el sismo de 1985, considerado el momento en que floreció la sociedad civil organizada, los terremotos de este septiembre “mostraron que el Gobierno fue rebasado en muchos aspectos por la sociedad”.
Arredondo mencionó como ejemplo más de un millón de firmas recolectadas a través de la plataforma Change.org con una petición para que el dinero público destinado a los partidos políticos sea utilizado para la reconstrucción estimada por el Gobierno en más de 2,000 millones de dólares.
Ante esto, los tres principales partidos reaccionaron “con ofertas populistas”, estimó.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) donó el resto de sus fondos federales de 2017, propuso eliminar el financiamiento público y suprimir los 200 diputados de representación proporcional (plurinominales), para dejar solo 300 diputados electos por mayoría en cada distrito.
El oficialismo propuso además reducir el Senado a la mitad, de 128 a 64 curules, dos asientos por cada estado de la federación mexicana.
El sistema proporcional fue implementado desde 1985 para permitir el acceso al Congreso de las minorías, cuando dejó de ser ilegal el Partido Comunista, que se convirtió en socialista y se integró en 1988 al Partido de la Revolución de Democrática (PRD).
Esa formación de centroizquierda y los partidos de centro y centroderecha (Movimiento Ciudadano y Acción Nacional) que acaban de formar el Frente Ciudadano por México, también se montaron en la ola “altruista”.
Propusieron crear un fondo para la restauración de 60,000 millones de pesos (unos 3,300 millones de dólares actuales) que provendrían de recortes al gasto público y la eliminación del financiamiento federal a los partidos.
Por su parte, el único candidato que aseguró su postulación a las presidenciales de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador, ofreció el 30 por ciento de sus recursos públicos.
La alternativa de fondo, replica Arredondo, es un sistema nacional anticorrupción que “debería evitar la entrada de dinero sucio a la política, mediante sanciones e investigaciones imparciales con una contraloría autónoma”.
El dinero negro en la política
El senador independiente Armando Ríos Piter expresó su preocupación por “la subasta sobre quién es el que más dinero regresa, el más demagogo y populista”.
“Lo único que buscan es un fin electorero”, sentenció el legislador elegido por del estado de Guerrero, uno de los más pobres y el más castigado por la violencia del narcotráfico.
Los partidos “saben del descontento de la gente y se sienten contra la pared; sería el momento de tomar las cosas en serio y cambiar de fondo”, propuso.
El senador aliado con el demócrata estadounidense Bernie Sanders para la campaña ‘Levantar salarios no muros’, dijo que “es intolerable que las campañas políticas sigan costando cifras estratosféricas”.
“Los partidos reciben cada año aproximadamente 7,000 millones de pesos de origen público”, dijo el senador que abandonó las filas del PRD.
El problema es casi seis veces mayor: “Por cada peso público que reciben, los partidos consiguen cinco o seis pesos más de fondos privados, no todos detectados, algunos son ilícitos”, dijo.
En el mundo de la política mexicana circula así “la cifra irracional de unos 42,000 millones de pesos”, más de lo estimado para la reconstrucción.
Una iniciativa racional sería “recortar 50% los fondos públicos a los partidos políticos”, propuso.
En cambio, con la propuesta de eliminar curules de diputados y senadores de representación proporcional “el PRI busca jalar agua a su molino, acabar con el pluralismo del país”, sentenció.
Recortar la totalidad del gasto público a cambio de dinero privado entraña no solo peligros de conflictos de intereses.
“No hay que hacernos los tontos, no hay forma de analizar que ese dinero privado sea de dinero del crimen”, dijo Ríos Piter.
Los políticos independientes, en cambio, exigen que se fortalezca el escrutinio y la supervisión del dinero de los partidos.
El PRI hace esa propuesta “a sabiendas de que está sentado sobre los fondos del presupuesto federal para pagar sus campañas”, remató Ríos Piter.