Entre enero de 2006 y septiembre de 2016, 29,903 personas desaparecieron y se hallaron 855 fosas clandestinas, indicó un extenso informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Las cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas a octubre de 2016, hablan de 29,903 personas desaparecidas, 28,937 del fuero común y 966 del fuero federal (crimen organizado)”, informó Raúl González Pérez, titular de la CNDH, organismo autónomo del Estado mexicano designado por el Senado.
No obstante, es imposible saber cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada, es decir resultado de acciones de autoridades del Estado, que serían crímenes de lesa humanidad, y cuántas son víctimas del crimen organizado, dijo el abogado al anunciar el informe de 683 páginas.
“Desafortunadamente, aún no estamos en posibilidad de dimensionarlo adecuadamente (la desaparición forzada), debido a la falta de datos que permitan determinar con certeza el número de casos que son propiamente desapariciones forzadas, imputables a autoridades del Estado, y distinguirlos de los que serían responsabilidad de particulares, de la delincuencia organizada u otra causa”, explicó.
Más de 82% de los casos de desaparecidos se concentran en 11 estados, la tercera parte de los 32 estados del país, “y en la última década se advierte un incremento en las cifras de personas desaparecidas”, afirmó.
Ese lapso coincide con el lanzamiento de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2007 con el despliegue de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública para combatir al crimen organizado.
Asimismo, “los órganos de procuración de justicia informaron a la CNDH haber localizado en total 855 fosas clandestinas de las que se exhumaron 1,548 cadáveres”, indica el voluminoso informe.
Sin embargo, las autoridades forenses solo pudieron identificar a la mitad del total de personas a quienes correspondían esos los restos, apenas 796 cuerpos exhumados.
Vacios legales y negligencia
El desorden y el caos en los registros oficiales es de tal magnitud, que los órganos de procuración de justicia han contabilizado en 20 años —que van de 1995 a agosto de 2015—, un total de 57,861 registros de personas reportadas como desaparecidas, pero no hay seguimientos que permitan esclarecer su evolución y desenlace, explicó el organismo.
Además, estados del norte del país y otros recostados en las costas del Golfo de México y el Pacífico, como Coahuila, Colima, Nuevo León y Veracruz, informaron a la CNDH de exhumaciones y hallazgos de 35,958 fragmentos óseos humanos, sin determinar la cantidad de víctimas.
La legislación del Estado mexicano padece asimismo “inconsistencias en la definición jurídica en los distintos tipo de desaparición basada estándares de instrumentos internacionales, carece de una ley general de la desaparición forzada de personas, y algunos estados (de la federación mexicana) no lo reconocen como un delito autónomo”, lamentó González Pérez en una presentación en la sede del organismo federal.
En el país latinoamericano hace falta además, “una ley general y una coordinación vertical efectiva de todas las autoridades para prevenir, perseguir y sancionar el delito de desaparición forzada”.
En ese marco es imposible, por ahora, determinar los crímenes de Estado en esas estadísticas, además de la “falta de profesionalización de quienes deben atenderlo”.
“La desaparición forzada es una práctica ignominiosa contraria a dignidad humana, porque al dolor de la ausencia tienen que sumarse el vivir en la incertidumbre y la angustia sobre el destino la persona que desapareció”, recordó el principal abogado defensor federal.
La desaparición de personas en México “es producto, en buena medida, de la impunidad, violencia, inseguridad, corrupción y colusión de funcionarios públicos con la delincuencia organizada”, conlcuyó.
Finalmente, el documento de la CNDH contiene un centenar de propuestas para la atención integral del problema que fueron dirigidas a las autoridades de Interior del Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Senado y las 32 fiscalías del país.
El organismo exigió a los organismos del Estado establecer en el corto plazo “una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se derivan del problema de las desapariciones”.
Este problema “desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta”, apuntó González Pérez.
Con el paso del tiempo, las desapariciones de personas se está convirtiendo en “un obstáculo que no hemos podido superar en nuestro camino rumbo a una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos”, remató.