El Gobierno de México lamentó una nueva ley migratoria promulgada por el gobernador del fronterizo estado de Texas, sur de Estados Unidos, que “criminaliza” aún más el fenómeno migratorio y fomenta la “discriminación racial”, dijo la Cancillería en un comunicado.
México “lamenta la promulgación de la Ley SB4, por los efectos negativos que podría tener en la comunidad mexicana y de origen mexicano que vive y visita el estado de Texas”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La oficina del canciller Luis Videgaray añadió que “este tipo de medidas criminalizan aún más el fenómeno migratorio, fomentan actos de discriminación racial y reducen la colaboración de la comunidad migrante con las autoridades locales”.
La cartera manifestó su preocupación ante esa nueva legislación, “porque contiene elementos que podrían ser lesivos para los derechos de las personas mexicanas y de origen mexicano que viven en ese estado, y que representan cerca de una tercera parte de su población total”.
La norma fue aprobada el 27 de abril en la Cámara de Representantes de Texas, y el 3 de mayo en el Senado; finalmente, el gobernador Greg Abbott la promulgó el domingo.
Casi 40 por ciento de los habitantes de Texas son de origen latino, sobre todo mexicano, de los cuales unos 1.5 millones son inmigrantes indocumentados, es decir alrededor de 15 por ciento de todos los 11.5 millones de indocumentados mexicanos en el país vecino, según estimaciones de autoridades del país latinoamericano.
La ley promulgada es muy similar a la que entró en vigor en 2010 en el estado de Arizona, bautizada “Muéstrame tus papeles”, muy criticada por organizaciones civiles pro derechos de los migrantes en ambos países.
Las consecuencia de la ley Texana
En el momento en que entre en vigor, en septiembre, cualquier agente texano de procuración de justicia estará autorizado a cuestionar la condición migratoria de cualquier persona durante un arresto, detención u operativo de rutina, señaló el Gobierno mexicano
El Gobierno de Texas “podrá imponer sanciones a autoridades locales y universitarias que no colaboren con los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Ante esas medidas autorizadas por la nueva ley, la cancillería mexicana anunció que “dará seguimiento puntual a la implementación de la ley SB4 mediante los 11 consulados de México en Texas”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México “mantendrá informada a la comunidad sobre sus alcances y seguirá tomando las acciones necesarias para velar por el respeto a sus derechos, indistintamente de su situación migratoria”, puntualiza el posicionamiento gubernamental.
Los agentes de policía texanos podrían ser sancionados “si sus jefes determinan que no están ayudando a la detención y deportación de indocumentados”.
También serán penalizados los gobiernos locales de las ciudades y las universidades que decidan no cumplir las leyes migratorias para favorecer a los indocumentados.
Organismos humanitarios de apoyo a migrantes, en ambos lados de la frontera, realizaron campañas en contra de la ley porque consideran que generaría una ola de miedo y estrés entre la población latina en Texas, y pérdidas económicas a diferentes industrias, el comercio y el turismo.
El intercambio comercial entre México y Texas ascendió a 174,000 millones de dólares en 2016; es la tercera parte del intercambio total entre los dos países, que suma 530,000 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía mexicana.
La ley promulgada también permite preguntar a los niños y niñas sobre su estatus migratorio y detenerlos si son indocumentados.
La problemática de infantes y adolescentes migrantes abarca tanto a mexicanos como a extranjeros, indica un informe del Fondo de la Organización de las Naciones Unidad para la Infancia (Unicef).
El año pasado, 13,746 menores de edad mexicanos fueron repatriados desde Estados Unidos mientras que 40,542 niños extranjeros fueron detenidos por autoridades migratorias por su paso por México, según el organismo de la ONU.