Injusticia en el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes


Más de 300 trabajadores entre doctores, enfermeras y personal administrativo, no han recibido su pago desde el pasado mes de enero, los salarios van desde los 4 mil 500 hasta los 10 mil pesos.

Asimismo más de 600 empleados del sector salud de Aguascalientes, con más de 20 años de antigüedad, han sido despedidos injustificadamente, por la administración panista de Martín Orozco Sandoval, a los que solamente les ha ofrecido sólo 30 mil pesos de liquidación, simplemente lamentable. 

Recordemos que desde que entró la nueva administración pianista se han liquidado a más de 2000 empleados bajo estas injustificadas decisiones, dando la “oportunidad” de que en 30 días o demanden o reciban su liquidación. 

Recomendaciones para evitar riesgos a través de redes sociales 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió una serie de recomendaciones para evitar riesgos en el uso de datos personales en las redes sociales. 

Según datos de The Competitive Intelligence Unit, firma dedicada a la consultoría e investigación de mercado en comunicaciones, en el tercer trimestre de 2016, había 64.9 millones de usuarios de redes sociales en México. 

La firma refiere que las redes sociales de mayor preferencia entre los mexicanos son Facebook, con 98 por ciento; Instagram, con 23 por ciento; Twitter, con 21 por ciento; Youtube, con 13 por ciento, y Snapchat, con 9 por ciento. 

Asimismo, señala que quienes hacen mayor uso de estas plataformas son personas menores de 40 años, es decir, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Si bien las redes sociales son una herramienta para comunicarse, difundir información y adquirir conocimientos, el INAI advierte que el uso de cualquiera de estas plataformas implica el manejo de datos personales de los usuarios. 

En caso de que esos datos no sean utilizados de manera adecuada, consciente y responsable, los usuarios se exponen a una serie de riesgos que pueden repercutir en su entorno personal, laboral, social, familiar e, incluso, atentar contra su seguridad física.

Entre los riesgos, se encuentran la usurpación de identidad, el secuestro, la extorsión, el phishing, que consiste en adquirir información confidencial o bancaria de los usuarios de manera fraudulenta, y el sexting, que es la difusión de imágenes y videos de contenido sexual. 

Ante este escenario, el INAI hace a los usuarios de redes sociales las siguientes recomendaciones: 

Evitar agregar o contactar a usuarios desconocidos o con los que no se tenga relación alguna.

Cerciorarse de cerrar adecuadamente la sesión al acceder a las redes sociales desde cibercafés y computadoras públicas o compartidas.
Generar contraseñas seguras, es decir, que contengan variedad de caracteres, combinando letras mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación y números.

Configurar adecuadamente los niveles de seguridad de las cuentas de las redes sociales.
Procurar no hacer transacciones comerciales en redes sociales o en sitios web que se desprendan de éstas.
Difundir de manera controlada, consciente y responsable información personal, ya que una vez cargada a una plataforma, será pública y de fácil acceso. 
Fomentar en el entorno familiar y social el uso responsable de datos personales en las redes sociales y/o al navegar en internet.

Primera piedra del Hotel Hyatt Place 

La alcaldesa Tere Jiménez, refrendó su apoyo a la llegada de inversiones que coadyuven al impulso del turismo y la generación de una mayor derrama económica en Aguascalientes, así lo señaló durante la colocación de la primera piedra del hotel Hyatt Place, al sur de la ciudad.

Reiteró la apertura por parte del Gobierno Municipal para hacer alianza con los empresarios y contribuir en la consolidación de proyectos que abonen a seguir posicionando a Aguascalientes como un municipio en crecimiento.

“Son bienvenidas todas las personas que quieran hacer de Aguascalientes un mejor lugar para vivir y también que quieran estar aquí de vacaciones, esperamos que luego vengan más a la Feria de San Marcos, estamos muy contentos de recibirlos, ésta es una muy buena zona porque se va detonar más la economía, vienen más inversiones al lugar, entonces nosotros estamos trabajando todos los días con el compromiso de sacar a Aguascalientes adelante para que haya mejor seguridad y que sea un Aguascalientes limpio en el  que la gente viva bien”.

En su intervención, Roberto Valdés Quintanilla, director general de Promotora Comercial ABADAN, agradeció el apoyo por parte de la autoridad Municipal para llevar a cabo la edificación de este proyecto con una inversión de 220 millones de pesos, consideró a Aguascalientes como una región con mucho futuro; además destacó que se generarán un promedio de 50 empleos directos y a su vez, se detonará la actividad comercial en esta área.

“Nos han apoyado para poder empezar esta obra que para nosotros es muy importante, es nuestro tercer desarrollo de hotelería, es un hotel de 144 habitaciones que va a dar empleo aproximadamente a 50 personas directamente, indirectamente a otras 150 personas, pero creemos que en los alrededores se va generar algún restaurante, alguna tienda de conveniencia”.

Juan José Márquez Estrada, director de Construcción Comercial de COPACHISA, dio a conocer que  éste será un proyecto ejecutivo de primera clase y quedará concluido aproximadamente en 18 meses.

En este evento, también se contó con la presencia de Adrián Castillo Serna, secretario de Desarrollo Urbano y Ariel Muñoz Maya, administrador de la empresa Desarrollo DAP C S.A de C.V.

Evita ser víctima de un ciberdelito 


Con el propósito de que los ciudadanos protejan sus datos y eviten ser víctimas de algún ciberdelito en esta temporada vacacional, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hace las siguientes recomendaciones:
No visitar sitios dudosos o no reconocidos al buscar promociones de viajes por Internet. Evita hacer clic en ventanas emergentes o anuncios que te ofrecen productos gratis o promociones increíbles. No aceptes descargas de archivos de estos sitios y mucho menos proporciones información personal.

Evitar mantener siempre activa la conexión Wi-Fi/Bluetooth. Apaga tus conexiones Wi-Fi/Bluetooth cuando no las utilices y evita conectarte a redes o dispositivos públicos, que podrían ser controladas por cibernautas, para robar la información de los usuarios.

No publicar en redes sociales información sobre los planes de viaje y la ubicación. Evita publicar o compartir tus fotografías, videos y/o tu ubicación en tiempo real, porque es información que puede ser utilizada para causar daño a tu patrimonio, familia o persona. 

No descuidar la tarjeta bancaria al realizar pagos. Mantén a la vista tu tarjeta bancaria cuando uses una terminal de cobro. Si haces pagos en línea evita usar redes públicas o gratuitas y activa el servicio de alertas por retiros y compras en tu celular. Lleva contigo el número telefónico de tu banco, para comunicarte en caso de necesitar alguna aclaración.

Evitar tener el dispositivo móvil sin seguridad. Procura habilitar las configuraciones de seguridad que tu dispositivo móvil te ofrece, tales como bloqueo por contraseña, borrado remoto, cifrado y respaldo de la información. 

No descuidar la correspondencia. Asegura el buzón de tu correo o pide a una persona de tu confianza que recoja tu correspondencia durante el tiempo que te ausentes, ya que ésta puede ser utilizada como punto de partida para causarte daños.

Sólo llevar consigo los documentos necesarios. Evita llevar todas tus identificaciones y tarjetas bancarias cuando viajes. Considera llevar sólo una identificación y las tarjetas de pago necesarias para minimizar el daño en caso de robo o extravío.

Disciplina es la clave para tener finanzas sanas

Con el propósito de dar a conocer a los servidores públicos estatales y municipales, la normatividad relacionada con la disciplina financiera y el manejo de la deuda pública, se llevó a cabo el Seminario “Ley de Disciplina Financiera, Deuda Pública y Taller del Registro Público Único”.

La capacitación estuvo a cargo de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y contó con la participación de trabajadores del Gobierno del Estado, además de Alcaldes, Tesoreros y Contralores de los once Ayuntamientos de la entidad.

Durante el evento inaugural, el Secretario de Finanzas del Estado, Luis Ricardo Martínez Castañeda, acompañado de Marcela Andrade Martínez, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, destacó que es interés del Gobernador Martín Orozco Sandoval promover y fortalecer la coordinación con los municipios.

Durante el curso, los participantes tuvieron la oportunidad de aclarar sus dudas directamente con los funcionarios de la SHCP que elaboraron el Proyecto de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, misma que entró en vigor el año pasado.

En su intervención, la titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, reconoció el manejo disciplinado y ordenado de las finanzas estatales y señaló como una fortaleza, la amplia coordinación y colaboración que existe entre el Gobierno del Estado y los 11 municipios; de igual manera destacó la importancia de la transparencia, el control y la disciplina en el manejo de las finanzas públicas estatales y municipales.

En ese sentido, el Secretario de Finanzas expresó finalmente que una convicción del gobierno que encabeza Martín Orozco Sandoval, es precisamente manejar las finanzas públicas de forma ordenada, transparente y con apego a la normatividad, por lo que celebró que los representantes de la SHCP estuvieran directamente en Aguascalientes, impartiendo el Seminario. 

10 años de violencia en México suman 30,000 desaparecidos


Entre enero de 2006 y septiembre de 2016, 29,903 personas desaparecieron y se hallaron 855 fosas clandestinas, indicó un extenso informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Las cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas a octubre de 2016, hablan de 29,903 personas desaparecidas, 28,937 del fuero común y 966 del fuero federal (crimen organizado)”, informó Raúl González Pérez, titular de la CNDH, organismo autónomo del Estado mexicano designado por el Senado.

No obstante, es imposible saber cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada, es decir resultado de acciones de autoridades del Estado, que serían crímenes de lesa humanidad, y cuántas son víctimas del crimen organizado, dijo el abogado al anunciar el informe de 683 páginas.

“Desafortunadamente, aún no estamos en posibilidad de dimensionarlo adecuadamente (la desaparición forzada), debido a la falta de datos que permitan determinar con certeza el número de casos que son propiamente desapariciones forzadas, imputables a autoridades del Estado, y distinguirlos de los que serían responsabilidad de particulares, de la delincuencia organizada u otra causa”, explicó.

Más de 82% de los casos de desaparecidos se concentran en 11 estados, la tercera parte de los 32 estados del país, “y en la última década se advierte un incremento en las cifras de personas desaparecidas”, afirmó.

Ese lapso coincide con el lanzamiento de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2007 con el despliegue de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública para combatir al crimen organizado.

Asimismo, “los órganos de procuración de justicia informaron a la CNDH haber localizado en total 855 fosas clandestinas de las que se exhumaron 1,548 cadáveres”, indica el voluminoso informe.

Sin embargo, las autoridades forenses solo pudieron identificar a la mitad del total de personas a quienes correspondían esos los restos, apenas 796 cuerpos exhumados. 

Vacios legales y negligencia

El desorden y el caos en los registros oficiales es de tal magnitud, que los órganos de procuración de justicia han contabilizado en 20 años —que van de 1995 a agosto de 2015—, un total de 57,861 registros de personas reportadas como desaparecidas, pero no hay seguimientos que permitan esclarecer su evolución y desenlace, explicó el organismo.

Además, estados del norte del país y otros recostados en las costas del Golfo de México y el Pacífico, como Coahuila, Colima, Nuevo León y Veracruz, informaron a la CNDH de exhumaciones y hallazgos de 35,958 fragmentos óseos humanos, sin determinar la cantidad de víctimas.

La legislación del  Estado mexicano padece asimismo “inconsistencias en la definición jurídica en los distintos tipo de desaparición basada estándares de  instrumentos internacionales, carece de una ley general de la desaparición forzada de personas, y algunos estados (de la federación mexicana) no lo reconocen como un delito autónomo”, lamentó González Pérez en una presentación en la sede del organismo federal.

En el país latinoamericano hace falta además, “una ley general y una coordinación vertical efectiva de todas las autoridades para prevenir, perseguir y sancionar el delito de desaparición forzada”.

En ese marco es imposible, por ahora, determinar los crímenes de Estado en esas estadísticas, además de la “falta de profesionalización de quienes deben atenderlo”.

“La desaparición forzada es una práctica ignominiosa contraria a dignidad humana, porque al dolor de la ausencia tienen que sumarse  el vivir en la incertidumbre y la angustia sobre el destino la persona que desapareció”, recordó el principal abogado defensor federal.

La desaparición de personas en México “es producto, en buena medida, de la impunidad, violencia, inseguridad, corrupción y colusión de funcionarios públicos con la delincuencia organizada”, conlcuyó.

Finalmente, el documento de la CNDH contiene un centenar de propuestas para la atención integral del problema que fueron dirigidas a las autoridades de Interior del  Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Senado y las 32 fiscalías del país.

El organismo exigió a los organismos del Estado establecer en el corto plazo “una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se derivan del problema de las desapariciones”.

Este problema “desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta”, apuntó González Pérez.

Con el paso del tiempo, las desapariciones de personas se está convirtiendo en “un obstáculo que no hemos podido superar en nuestro camino rumbo a una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos”, remató. 

Siria comunicó a la ONU que los químicos habían sido llevado desde Turquía a Alepo


El Gobierno sirio advirtió en muchas ocasiones al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los ataques de la coalición internacional contra civiles del país, declaró el ministro de Exteriores sirio, Walid Muallem.

“Hemos enviado al Consejo de Seguridad muchos mensajes sobre violaciones de la coalición liderada por EUA contra civiles sirios que cobraron la vida de decenas de víctimas, principalmente mujeres y niños”, dijo Muallem. 

Los grupos terroristas reciben productos químicos procedentes de Turquía, dijo el canciller sirio Walid Muallem en una conferencia de prensa en Damasco.

Según él, “las autoridades sirias han informado a la ONU sobre los productos químicos que se importaron de Turquía a los terroristas y, específicamente, se trata del este de Alepo”.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto armado en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas.

EUA, que lidera desde 2014 la coalición internacional antiterrorista, ataca las posiciones de terroristas en Siria, aunque a deferencia de Rusia, sin el consentimiento oficial de Damasco.

Según los datos de altos cargos de la ONU, entre 300.000 y 400.000 personas perdieron la vida en el conflicto. 

Autoridades se avientan la bolita ante gaseras clandestinas 

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), a cargo de Tanya Muller y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), encabezado por Meyer Klip, evadieron su responsabilidad para suspender actividades de tres gaseras que operan de forma clandestina y representan un riesgo para los habitantes de Xochimilco.
A través de tarjetas informativas cada una de las dependencias intentó deslindar su responsabilidad y atribución para no sancionar a las gaseras que desde noviembre pasado han sido denunciadas por los vecinos a razón de su operación ilegal.

Apoyándose en la Ley de Hidrocarburos, ambas dependencias aseguraron que es el gobierno federal a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), el responsable de suspender o clausurar la distribución clandestina de Gas L.P., pasando por alto su obligación como autoridades locales de proteger la integridad no solamente de los vecinos de la zona sino también la vida de los trabajadores de estas empresas clandestinas.

Los vecinos detectaron incongruencias en las explicaciones ofrecidas por SEDEMA, pues la dependencia asegura que desde 2014 corresponde a la Agencia Federal, inspeccionar, vigilar y sancionar la operación de las gaseras, sin embargo en la misma tarjeta entregada a algunos diarios que publicaron la información hace algunos días, explica que el año pasado colocaron y retiraron sellos de clausura a dichas gaseras.

“…. Respecto a la gasera instalada en Prolongación Acueducto 419, colonia La Concha, en Santiago Tepalcatlalpan, Delegación Xochimilco, en febrero de 2015 se llevó a cabo una visita de inspección, procediendo a imponer como medida de seguridad la Clausura Temporal Total por la venta de Gas LP…”, explica SEDEMA y adelante señala “…con la publicación de la Ley de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto del 2014, corresponde a ésta autorizar la operación, distribución y venta de Gas LP, así como la inspección y vigilancia en la materia, motivo por el cual la Secretaría del Medio Ambiente ya no tiene atribuciones para sancionar…”

En su tarjeta aclaratoria SEDEMA se contradice, lo que hace pensar a los quejosos que en realidad la dependencia sí tiene atribuciones para cancelar la operación ilegal de gaseras pero no quieren intervenir a pesar de que su omisión pone en riesgo varias vidas.

Por su parte, el INVEA reconoce que colocaron sellos para no obstruir las puertas de acceso a la gasera, sin que ello implique que existe autorización para operar, sin embargo a decir de los vecinos la venta clandestina de Gas LP sigue ocurriendo.

“En el caso particular de la gasera de Xochimilco se colocaron los sellos de suspensión de actividades de manera que no obstruyan el acceso principal, para que los dueños o autoridades puedan ingresar a dar mantenimiento o a evitar algún tipo de fuga o explosión; lo que no significa que se puede continuar ejerciendo la actividad económica que ahí se realizaba”, explica el INVEA.

Y para terminar de evadir su responsabilidad el INVEA afirma que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en caso de detectar que la venta de gas continúa, realice la detención de los involucrados para ponerlos a disposición de la Procuraduría General de Justicia capitalina.

En el caso de la gasera instalada en la carretera Xochimilco-Oaxtepec, la SEDEMA dijo a los medios: “es necesario aclarar que realiza sus actividades en espacio abierto, sin contar con un establecimiento fijo, y éstas consisten básicamente en estacionar una pipa para rellenar cilindros de tipo doméstico, así como trasvase a vehículos de gas”.

Es decir, que cualquiera puede sacar su pipa y con la tolerancia de las autoridades de la Ciudad de México, y sin cumplir con ningún requisito, operar, poniendo en peligro la vida de las personas.

Como es el caso, también, de “la segunda cerrada del bosque de San Luis Tlaxialtemalco, entre avenidas 5 de Mayo y Año de Juárez o Aquiles Serdán y, al igual que el caso anterior, la actividad que desarrolla es la venta de gas mediante uso de pipas para rellenar cilindros de tipo doméstico, así como trasvase a vehículos de gas”.

De manera implícita, la SEDEMA acepta que en las dos últimas gaseras existe una actividad no sólo ilegal, sino peligrosa, pero se lava las manos, siendo esta dependencia la más cercana a la población en riesgo.

Negligencia del Senado deja sin fiscal al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción

El comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue instalado en México, pero el fiscal y otros magistrados de la nueva maquinaria institucional no han sido designados por negligencia del Senado, dijo la experta Fernanda Gómez Abán.

“Por negligencia del Senado la nueva pieza SNA ha sido instalada de manera incompleta, porque el cargo de fiscal anticorrupción no ha sido nombrado y el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa aún no cuenta con magistrados en la sección encargada de sancionar los actos de corrupción”, dijo Gómez Abán, investigadora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que participa en el proceso por la sociedad civil.

Este paso decisivo para combatir el segundo problema social que más preocupa a los mexicanos, después de la inseguridad pública, “es un hecho afortunado e inédito en México, aunque hay cabezas faltantes en el órgano rector que debe ser completado antes de que se cumpla en pocas semanas el plazo” previsto a fines de abril, dijo la académica graduada por el Centro de Investigación y Docencia Económica.

“Por la indolencia de los senadores que priorizan el interés político” las autoridades y legisladores no han respondido a la urgencia para llegar a esa fecha con todos los actores del SNA listos para combatir la corrupción, que le cuesta al país al menos cinco por ciento del Producto Interno Bruto, lamentó la investigadora

La fiscalía anticorrupción creada en febrero de 2014 fue un gran paso, después de la reforma constitucional, pero por tercera vez se habría incumplido el plazo que los mismos senadores establecieron en diciembre de 2016, para designar al máximo inquisidor del sistema.

Con todo, es un avance la designación de la respetada investigadora Jacqueline Peschard como presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, observó.

Una carrera de obstáculos

De los 32 candidatos presentados por la sociedad civil se eligieron tres expertos idóneos, formados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el CIDE, en una lista presentada al Senado.

“Pero los legisladores decidieron que no tenían obligación de aceptar la terna, porque esa selección final no era vinculante, y se detuvo el proceso hace dos semanas”, lamentó la experta.

Al final de una larga carrera de obstáculos, el sistema anticorrupción fue aprobado en 2015, tras una prolongada negociación de una reforma constitucional, pero las siete leyes que son el corazón legal del sistema solo entraron en vigor el 19 de julio de 2016.

A partir de allí se fijó un plazo de un año, que será una fecha histórica para México: el 19 de julio de este año.

Ese día debe estar todo el sistema completo, para comenzar a establecer las responsabilidades administrativas, sanciones y penas, para que sean inhabilitados los funcionarios corruptos, entre otros castigos.

Un episodio curioso empañó el proceso: dos aspirantes a fiscal federal anticorrupción cometieron plagio al presentar ponencias idénticas en sus candidaturas.

Es parte de la cultura política corrupta, “pero lo insólito es que por primera vez se hayan detectado casos de esta magnitud en el Senado y se evalúen los perfiles idóneos” dijo la experta buscando la cara positiva del bochornoso evento.

“Por esa razón, es decisivo que el fiscal no sea un servidor público de carrera, sino alguien con distintas experiencias y capacidades, necesarias en la lucha anticorrupción”, explicó.

El nuevo andamiaje puede nacer cojo, sin el fiscal, porque el sistema penal no tiene todavía un ejecutor, pero sí existe el sistema y un presidente del tribunal de justicia administrativa.

“Esas instancias analizan las vías económicas e institucionales para ordenar sanciones, por ejemplo la disolución de empresas y penas de índole laboral o penal”, añadió Gómez Abán.

Las penas, que aún deben ser actualizadas por el SNA, van por dos vías: pecuniarias o económicas, para pagar hasta dos tantos de lo robado, y la inhabilitación o suspensión administrativas.

En el caso de las empresas, también pueden ser sancionadas y disueltas, al tiempo que desaparece el secreto financiero.

Los castigos podrían incluir la sanción de “muerte civil de funcionarios”, por la cancelación de su acceso a nuevos cargos públicos, pero también es posible encausar por la vía penal, porque el código penal ya fue actualizado.

Si el sistema de transparencia es puesto en marcha en julio de 2017, estaría menos afectado por el calendario político de 2018, cuando se celebrarán las próximas elecciones presidenciales.

Así, los castigos por los 10 millones de dólares en sobornos pagados la constructora brasileña Odebrecht a la petrolera estatal Pemex y otras emblemáticas malversaciones multimillonarias de fondos públicos, podrían ser dictados por el martillo del nuevo fiscal anticorrupción, puntualizó la experta.

México expresa preocupación ante ataques con armas químicas en Siria


México manifestó su extrema preocupación ante los informes de un probable ataque con armas químicas que habría sido cometido en una región de Siria, con saldo de medio centenar de civiles muertos, dijo la cancillería.
El Gobierno de México expresó “su extrema preocupación ante los recientes informes sobre un ataque con armas químicas perpetrado en la región de Jan Sheijun, en la República Árabe Siria, que provocó la muerte de más de medio centenar de civiles inocentes, incluyendo niños y niñas”, dijo la secretaría de Relaciones Exteriores.

El Gobierno de México reiteró su “condena enérgica ante el empleo de armas químicas, por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, en contravención del derecho internacional y del derecho internacional humanitario”, dijo en un comunicado.

Las armas químicas son “armas de destrucción en masa de efecto indiscriminado e inhumano, y su empleo constituye un crimen de guerra y una amenaza a la paz y seguridad internacionales”, añade la Cancillería que encabeza Luis Videgaray.

En caso de que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y el Consejo de Seguridad de la ONU confirmen el ataque, “se constataría una violación fragante al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, así como a la Convención para la Prohibición de Armas Químicas”, advierte el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

México recordó que “ha renunciado de manera categórica e irreversible a las armas de destrucción en masa y reitera su firme compromiso con la total eliminación de las armas químicas”.

Al mismo tiempo mantiene su compromiso con la prohibición de su desarrollo, producción y almacenamiento de ese tipo de armas.

El Gobierno de México permanecerá atento al seguimiento que la OPAQ y el Consejo de Seguridad hagan de este asunto.